Ciudadanos y consumidores uníos

Imagen1Por Alice Socorro Peña Maldonado

“El hombre privilegiado, sea política, sea económicamente, es un hombre intelectual y moralmente depravado”.
Mijail Bakunin

Debido a la fragmentación en que vivimos donde el ser humano es distinguido más por lo que tiene y no por su condición del ser que actúa y decide políticamente, es necesario unificar y desarrollar ambas sin menos cabo de una o de la otra. Mantenerlas separadas nos ha llevado al desorden y deterioro de las relaciones sociales y económicas que se dan el acto de la adquisición de bienes y servicios provengan estos del sector público o privado.

Los derechos humanos como se plantean actualmente y que parten de la naturaleza del ser para vivir y convivir con otros no es más que la búsqueda de su concreción en la garantía de satisfacer sus necesidades, sus intereses y sus expectativas tanto a nivel individual como colectivo.

Nuestra constitución de 1999  proclama y reafirma este sentir que no debe tener otra consecuencia que su realización tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones privadas a través de los bienes y servicios que ofrecen a sus públicos como usuarios o consumidores en respuesta a sus demandas al proveerle de productos y bienes en conformidad a lo establecido y otorgarle un eficaz y eficiente servicio.

Ejemplos tenemos como ciudadanos venezolanos el bienestar que sentimos cuando se generan bienes y servicios para los ciudadanos provenientes de lo público o privado. No obstante, hay que también reconocer que muchas iniciativas que nacieron dando respuestas a necesidades reales o sentidas de la población con el tiempo se deterioran y producen insatisfacción y descontento por la falta de control y monitoreo del servicio o bienes no sólo de quienes la ofertan sino también de quienes la demandan.

Si los principios, los valores y las acciones que establece nuestra carta magna rigen el ejercicio del ciudadano y de las instituciones y donde nos remite a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, educativos y culturales, ambientales e identitaria en el marco de la democracia participativa  estos deben ser puesto en ejercicio desde la misma vida familiar, comunitaria, parroquial, municipal y nacional y en todas las instituciones y organizaciones que se encarguen en la garantía de los mismos al producir bienes y servicios para todos en igualdad de condiciones y oportunidades.

Contribuir a satisfacer las demandas del ciudadano/consumidor requiere de la voluntad política de quienes gobiernan las instituciones y la responsabilidad social de quienes dirigen las empresas privadas. Voluntad política que favorece la promoción y la conformación de una cultura ciudadana en situación de consumidor que no sólo exija y monitoree los procesos y los resultados deseados proveniente de las dinámicas de oferta y demanda de todos los servicios (ya sean necesarios o suntuosos) sino que también mantengan la eficacia y eficiencia a todos los niveles y en todos las instituciones hasta generar cambios radicales sustentables en el tiempo histórico y espacios sociales.

Si lo anterior reviste una tarea que debe asumir quienes tienen ese poder, no menos lo tenemos los ciudadanos quienes ante la demanda de un servicio o adquisición de un producto nos encontramos en estado de indefensión ante la tarea contralora in situ y más cuando demandamos un servicio de modo inmediato pero encontramos en ese proceso arbitrariedades e irregularidades propias para una sanción o medidas más severas.

Soborno, corrupción, especulación, ineficacia e ineficiencia de los servicios, falsas y engañosas ofertas, acaparamiento, estafas, sobre costo de productos, inoperancia y negligencia de quienes dan el servicio, son algunos de los actos que nos vemos los ciudadanos/consumidores afectados en el día a día y que se entiende que una institución como Indepabis no se daría abasto para enfrentar las denuncias y quejas de todos y provenientes de todas partes.

Urge la conformación de ciudadanos que de modo grupal o colectivo asumamos un rol protagónico y corresponsable como consumidores y prestadores de servicios pues si uno busca satisfacer un derecho, el otro tiene que garantizarlo positivamente. Esta conformación necesita de procesos educativos, informativos y promocionales donde el sistema educativo desde la escuela hasta la universidad, el sistema informativo y comunicacional así como publicitario nos promueva e incida en nuevas percepciones que integren nuestro rol como ciudadano  y consumidores.

Convoco para esto en principio a todas las instituciones del sector público desde los diversos poderes que la integran en especial los que ejecutan planes y programas, los que legislan, los que hacen cumplir las normas o aplican sanciones, así como el poder ciudadano. Este último desde la Defensoría del Pueblo debería tener un papel rector en esta lucha acompañando y escuchando al pueblo, al ciudadano, a las comunidades para establecer mecanismos y espacios que permita la reflexión, la crítica constructiva y hagamos presión para fomentar los cambios y transformaciones necesarios en la construcción de una cultura que provea bienes y servicios de alta calidad como merecemos los venezolanos y mucho más cuando contamos con una riqueza que debe derivarse hacia la felicidad suprema de los ciudadanos como resultado de su participación consciente, coherente y productiva.

http://www.aporrea.org/actualidad/a179784.html

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