Hacia la construcción de una política de la contraloría social desde los saberes populares y la metodología dialógica propuesta

2013-03-13Por Alice Socorro Peña Maldonado

La metodología dialógica basada en la reflexión-acción y caracterizada por la  interacción en la acción comunicativa, la puesta en marcha de un proceso dialógico, el consenso y toma de decisiones que permite el acuerdo individual y colectivo desde una actitud y acción transformadora no descansa en el hecho de sistematizar y visibilizar los resultados obtenidos. Esta busca alcanzar sus fines últimos, como la evolución del individuo y la transformación del entorno.

Como se recordará la metodología dialógica tiene como objetivos: sensibilizar en las capacidades dialógicas de los sujetos históricos caracterizando las potencialidades, debilidades individuales y sociales producidas en su contexto cultural; reconocer las voces y miradas de los ciudadanos y/o colectivos que hacen críticas y aportes pertinentes y validos a la realidad institucional y al servidor público presente en ellas; generar espacios de debate para la discusión permanente de los temas y problemas que favorecen y/o afectan a los ciudadanos y/o colectivos; monitorear espacios cotidianos y virtuales donde se debaten temas de interés social en función de las instituciones estadales o privadas; sistematizar las voces y miradas de los actores sociopolíticos que participan en los debates con temas específicos y vinculados con las instituciones garantes de los derechos, conforme a lo establecido en la CRBV (1999) y visibilizar las voces y miradas, luego de su sistematización y categorización para ser socializadas a los ciudadanos interesados por el tema en estudio. Pero estos derivan y se encauzan en un fin último: la consolidación de una ciudadanía e institucionalidad que permita reducir los niveles de antagonismos y las contradicciones propias de los sistemas construidos por el ser humano. Que se exprese en una dialéctica armónica entre el Poder Constituyente y constituido permitiendo la construcción del Poder Popular, como se pretende desde el proceso bolivariano, con la participación protagónica, corresponsable y revolucionaria, encontrándose en la contraloría social el espacio, la instancia y el mecanismo de participación por excelencia, debido a su propia esencia: “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, mediante el establecimiento de las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad de los ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido, entre el poder público y el Poder Popular, de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública y comunitaria, como de las demás actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales” (LOCS, Art. 1 2010).

Este propósito se puede llevar a cabo a través de “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública.” (CRBV, Art. 62) y en la promoción de la participación popular en el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos públicos (LOAP, 2008 Art. 2) que constituya la contraloría social como una política pública debido al impacto y alcance que tendría en su propio dinamismo de diseño fundamentada a partir de los saberes contralores.

Constituido este marco legal de la contraloría social (2011) es vital la movilización, participación y organización del ciudadano estrechamente vinculado con el quehacer institucional público y privado, es decir, todos los ciudadanos, pues serán ellos quienes con sus saberes construyan las políticas públicas.

Las políticas públicas como conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad (Gómez, 2006), son el resultado de procesos democráticos, donde se incorporan las comunidades y el sector privado. En el contexto actual donde la participación ciudadana es más que un derecho es la configuración constitucional del Estado venezolano, es necesaria la presencia ciudadana en la elaboración de las políticas públicas (Aguilar, 1992 y Lahera, 2004), no solo porque parte de la conciencia y acción política de la ciudadanía, sino porque sus aportes van a constituirse en compromiso y fuerza integradora de procesos democráticos.

En el caso de la política pública de contraloría social, sería el esfuerzo mancomunado de ciudadanos e instituciones que se organizan y estructuran acciones, que buscan consolidar una cultura y actuación contralora que satisfaga las demandas y exigencias de control, seguimiento y evaluación de los productos y servicios de la administración pública y privada, que transforma un Estado sordo, ciego y mudo en uno al servicio del pueblo, que modifica los comportamientos de los ciudadanos en función de ejercer los derechos que les da la ley, y de cumplir sus deberes conforme a lo estimado institucionalmente, generando valores o actitudes establecidas en la LOCS en la superación de vicios como el burocratismo, la corrupción, la ineficacia e ineficiencia y la impunidad, para constituir un círculo virtuoso donde prevalece la moral y ética bolivariana, republicana y revolucionaria.

Para ello deben producirse los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte y direccionalidad de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado en esta materia.

Propone Gómez (2006) que algunos elementos que hay que considerar para la construcción en el diseño, implementación y evaluación de la política pública de contraloría social son los siguientes, los cuales son analizados desde los resultados obtenidos en la sistematización y validación.

a)   Toda política debe producir felicidad social porque responde a los intereses y exigencias del pueblo y por tanto garantizan sus derechos como individuos o colectivos. Que las personas reciban el beneficio esperado. Las voces y miradas de 189 hombres y mujeres interesados no solo por el tema en cuestión, también comprometidos con el proceso bolivariano en la búsqueda de resultados revolucionarios, resulta un papel de trabajo fundamental para dar inicio a conversatorios y debates que coadyuven en el diseño de la política pública.

b)   Coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Desde los resultados obtenidos en la sistematización y en la validación encontramos la necesidad urgente de la coordinación de los cinco poderes públicos: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral o ciudadano para constituirse en responsables del proceso contralor a nivel nacional conjuntamente con los ciudadanos y comunidades.

c)    Consustancialidad entre las leyes y las políticas públicas. Afrontar la corrupción, el burocratismo y la impunidad sugiere la necesidad de abordar el tema con voluntad política pero también desde la coherencia y complementariedad con otras políticas que permita su integración y sinergia.

d)   Integralidad de las políticas públicas. Los fenómenos culturales de la corrupción, burocracia, impunidad, ineficacia e ineficiencia de las instituciones obliga a la multiplicidad de frentes: instituciones (educativas, comunicacionales e informativas, poder moral, etc.), comunidades, familia y ciudadanos.

e)   La política pública es un derecho y deber ciudadano y colectivo que responde a una primera necesidad que determina la garantía de todos los derechos constitucionales que ejerce el poder estatal. Si las instituciones públicas y privadas no funcionan se debe a la ausencia del Poder Constituyente en la salvaguarda de sus necesidades, intereses y expectativas.

f)     Corresponsabilidad como principio rector de la política, las estrategias y las acciones.

g)   Importancia de las normas y la verificación de su cumplimiento y/o sanciones por su incumplimiento. La impunidad es una de las consecuencias que conllevan a cometer de nuevo los delitos de la corrupción, el burocratismo, la ineficacia e ineficiencia. Al naturalizarlo en las prácticas cotidianas tanto de los funcionarios públicos y empleados privados.

h)   La política pública debe generar saldos de movilización, participación y organización a nivel individual, comunitario, colectivo e institucional. Instar a la promoción de valores y comportamientos virtuosos y el desarrollo de acciones, programas y planes avocados a enfrentar el problema de la insuficiencia de las prácticas contraloras y a reconocer los saberes populares de contraloría social como fuerza creadora y motivacional.

Los saberes populares de la contraloría social obtenidos en esta sistematización conjuntamente con la Ley Orgánica de Contraloría Social apuntan a todos los elementos exigidos en una política pública para su construcción desde lo participativo, acción que permite avizorar acciones futuras en las que se constituya un colectivo intercultural y representativo de la ciudadanía venezolana desde sus necesidades, intereses y expectativas para que sean ellos mismos quienes evalúen los procesos contralores.

En un esfuerzo por justificar la validez de una política de CS deviene de la propia dinámica dialógica de los participantes, que como fuerza creadora del Poder Constituyente, son potencia transformadora en la construcción de instituciones a partir de líneas de acciones a modo que el Poder Constituido responde a las necesidades, intereses y expectativas del Poder Constituyente y donde el elemento contralor por parte de los ciudadanos remite a la implementación, vigilancia y evaluación de modo permanente.

Fuente: PEÑA MALDONADO. Alice Socorro. Praxis emancipatoria en la contraloría social desde la visibilización de los saberes populares- Dirigida por Lezy Vargas. Tesis doctoral. Universidad Bolivariana de Venezuela. Dirección General de Producción y Recreación de Saberes, 2012

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