Aportes sobre el control social de las políticas públicas

Por: José Acosta

El Control Social de las Políticas Públicas -a)-, es uno de los derechos más significativos, relevantes y transcendentales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), cuya defensa, desarrollo, promoción y aplicación efectiva, junto a los de igual rango derechos a la participación directa del pueblo soberano en los procesos de b) Formación y c) de Ejecución de las políticas públicas, todos de ejercicio simultáneo que aparecen consagrados el artículo 62 de la Constitución Bolivariana y cuyo ejercicio real, apreciable y tangible son condición necesaria e imprescindible para garantizar, la construcción, desarrollo sano y óptimo y la consolidación del nuevo tejido social venezolano fundamentado en la práctica de la nueva ética socialista, entendiendo esta última como la práctica social e individual permanente, generalizada y creciente de los más elevados, nobles y altruistas ideales de igualdad, equidad, libertad, solidaridad, cooperativismo, participación directa y corresponsabilidad, vistos también como principios de convivencia requeridos por excelencia para alcanzar la suprema felicidad social en el aquí y el ahora y en el devenir histórico como pueblo.

Sin más preámbulo, pasaré a hacer un conjunto de propuestas a manera de lluvia de ideas, para su procesamiento por los lectores a fin de estimular nuevos aportes sobre el tema y para su consideración por parte de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), así como por parte de cada uno de los Diputados que decidirán esta Ley en su segunda discusión en la AN:

* Los órganos y entes que integran el Sector Público del país, están en la obligación de suministrar de manera precisa, pertinente y oportuna la información solicitada por los ciudadanos organizados formalmente o a título individual o grupal, relativa a las actividades que dichos órganos y entes realicen y especialmente las relacionadas con las decisiones y tramitaciones administrativas, relativas a las aprobaciones presupuestarias, licitatorias y contractuales referidas a las adquisiciones de obras, bienes y servicios, cronogramas de ejecución, valuaciones, pagos, y demás documentos relacionados con la ejecución física y financiera de proyectos de alto impacto económico, social y financiero de interés general, así como los que se ejecuten en el ámbito territorial donde residen dichos solicitantes.
* Los ciudadanos designados por la Unidad de Contraloría Social y los miembros de esta, los designados por la Asamblea de Ciudadanos del Consejo Comunal o de la Comuna y los ciudadanos en general, podrán acceder a la información contenida en los sistemas de información existentes en cualquiera de los órganos y entes públicos responsables de la ejecución de las obras, adquisición de bienes y prestación de los servicios que se realicen, suministren y presten en la comunidad de que se trate, siempre y cuando dichos sistemas estén debidamente aprobados, actualizados y en óptimo funcionamiento.
* Los órganos y entes públicos del país en todos sus niveles territoriales y funcionales están obligados a adaptar y adecuar sus sistemas de información y comunicación, conforme a las previsiones establecidas en la presente ley, especialmente a objeto de garantizar el acceso a su contenido por parte de los sujetos de derechos señalados en la misma. A tales efectos, dichos sistemas deberán contar con la aprobación legal dada por las máximas autoridades de dichos órganos y entes, así como con la aprobación y publicación de los manuales de normas y procedimientos, los cuales deberán estar diseñados para poder ser usados por la ciudadanía.
* Las Unidades de Contraloría Social de los Consejos Comunales en ejercicio del derecho al control social de las políticas públicas, podrán sustanciar y soportar con la documentación recabada de los órganos y entes que integran el Sector Público del País, en todos sus niveles territoriales y sectoriales, las observaciones, conclusiones y recomendaciones que contenga el informe de resultados de las actuaciones de control realizadas, a objeto de garantizar el cumplimiento cabal de los objetivos y metas de las actuaciones fiscales desarrolladas en su ámbito físico-territorial, conforme a los criterios de búsqueda acordados y a las disponibilidades financieras, administrativas, presupuestarias y técnicas requeridas para la realización de dichas actuaciones.
* Recibir diligente y oportunamente el acompañamiento técnico-legal necesario solicitado a los órganos y entes que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), así como de otros órganos y entes del Estado a objeto de coadyuvar al logro de los objetivos de las actuaciones de inspección y fiscalización acodadas por la Comunidad y por las instancias ejecutivas y de control del Consejo Comunal o de la Comuna.
* Elevar a los órganos y entes del sistema nacional de control, la fiscalía general, la defensoría del pueblo, y los tribunales de la república, los informes, documentos y demás elementos que revistan carácter probatorio de las situaciones irregulares observadas en el curso de sus actuaciones fiscales y de inspección, o que constituyan soportes documentales de las denuncias formuladas sobre hechos presuntamente irregulares, desviaciones o fallas de control interno detectadas.
* Para el facilitar el ejercicio del control social de las políticas y la gestión pública, se crearán de manera integrada las redes de información y comunicación intra-social y socio-institucional que funcionarán a nivel nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal. Ambas estarán a cargo de una Comisión Nacional Designada por los Consejos Comunales, de Trabajadores y por la ciudadanía en general. A tales efectos la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral incorporarán en su presupuesto las partidas pertinentes y los recursos necesarios a objeto de incorporar los requerimientos correspondientes formulados por los Consejos Comunales y la colectividad a los fines indicados. El Reglamento de esta ley establecerá las condiciones para la aplicación del presente artículo.
* Tener acceso preferente al Sistema de Medios de Información del Estado y de medios de comunicación e información alternativa, a los fines de realizar programas de formación, información y denuncias.

La participación popular protagónica en el proceso de – Control Social de las Políticas Públicas es uno de los (03) derechos colectivos e individuales fundamentales y esenciales que dispone el soberano pueblo venezolano para transformar el Estado Pro-Burgués-Cogollocrático-Nauseabundo y Burocratista en un Estado Comunal dirigido por los Trabajadores Asalariados, las Clases Subalternas y Subordinadas a la lógica de la explotación económica y las Comunidades Organizadas, orientado hacia la construcción de la sociedad socialista de nuevo tipo: participativa y protagónica. Los otros 2 derechos de similar cardinal importancia que según el artículo 62 de la Constitución Bolivariana deben ejercerse concomitante o simultáneamente con este, son: – El derecho a Participar Activamente en el Proceso de Formación de las Políticas Públicas, es decir el derecho ciudadano a participar en las decisiones relativas a la formulación, diseño y aprobación de los planes estratégicos y operativos, y los proyectos de presupuesto de los órganos (Nacionales: Ejecutivo Nacional, Asamblea Nacional, TSJ, Fiscalía, Contraloría, Defensoría y CNE, Estadales: Gobernaciones de Estado, Consejos Legislativos Estadales y Contralorías Estadales, y Municipal: Alcaldías, Concejos Municipales y Contralorías Municipales), y entes de la República (Ministerios, Oficinas Presidenciales, Corporaciones, ONAPRE, ONT, ONCOP), de los Estados (Secretarias o Direcciones Estadales, Corporaciones Municipales) y de los Municipios (Direcciones y Corporaciones), así como de los entes descentralizados funcionalmente con o sin fines de lucro (PDVSA, SIDOR, Institutos Autónomos, Fundaciones, etc.), y – El derecho del soberano a Participar en la Ejecución de Dichas Políticas Públicas, sea en calidad de partícipes de las decisiones administrativas relativas a la ejecución o realización de obras, adquisición de bienes o la producción de bienes y servicios públicos de que se trate, como sujeto a quien se transfieren competencias públicas al permitírsele dirigir determinados servicios (Art.184) o bien a quien se le otorgan recursos públicos para ser administrados directamente en la ejecución de proyectos de obras y servicios o adquisiciones de bienes (Empresas de Propiedad Comunal).

     En materia específicamente de control, y conforme a lo antes expuesto debe entenderse que las políticas en esta materia, aún cuando su máxima rectoría según la Ley debe estar a cargo de la Contraloría General de la República (CGR), sin embargo dicha potestad rectora está supeditada a la máxima participativa protagónica que debe caracterizar al Estado de nuevo tipo, según el 62 de la Constitución, es decir que la toma de decisiones en materia de control debe contemplar mecanismos que permitan incorporar la participación directa del pueblo en los procesos de a) Formación, b) Ejecución y c) Control de las políticas públicas de control en todos los niveles territoriales y funcionales del Estado. Es decir que mutandis mutandis como máxima interpretativa jurídica aplicable a este caso, o lo que es bueno para el Ejecutivo Nacional es bueno tanto para la Contraloría General de la República, y sin excepción es bueno para TODOS LOS PODERES DEL ESTADO EN TODOS LOS NIVELES TERRITORIALES, SECTORIALES Y FUNCIONALES.

Es así como por ejemplo tanto el Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales (POA´s) de la Contraloría General de la República (CGR) y de todos los demás órganos y entes que integran el denominado Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), a decir de las 24 Contralorías Estadales, las 2 Contralorías Metropolitanas del país, la Contraloría del Distrito Capital y las 335 o más Contralorías Municipales, así como la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), la Contraloría General de la FFAA y todas las Unidades de Auditoría Interna existentes en todos y cada uno de los órganos y entes que integran el Sector Público Venezolano, dichos planes estratégicos y operativos deben contar en su diseño y formulación con la opinión y sobre todo con la participación del soberano. Esos mecanismos deben definirse en las leyes orgánicas de cada uno de estos poderes, para de esa manera estar contestes con el espíritu de la Constitución Bolivariana en lo referente al modelo de Estado Participativo Protagónico que postula y promueve.

 Para ello, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República debe establecer la obligatoriedad para los órganos y entes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) de crear mecanismos de participación -más allá de garantizar la información pertinente, confiable y oportuna para su manejo por la colectividad-, que garanticen sin cortapisas el escenario propicio para que la ciudadanía aporte ideas, señale e incida de manera determinante en el curso de la acción contralora de las instancias que integran el aparato administrativo del Estado, para de esa manera transcender el concepto de mera facilitación y tramitación de denunciar que se les ha otorgado a las denominadas Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), las cuales no están diseñadas para garantizar la participación masiva directa del soberano en los proceso de formación, ejecución y control de las políticas públicas en la materia (Control Participativo de Estado), tal como está consagrado en el artículo 62 ejusdem.

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