Propuesta para la construcción de una politica de la Contraloría Social desde los saberes sociopolíticosS

Por Alice Peña Maldonado

Para la construcción del Poder Popular, la participación protagónica, corresponsable y revolucionaria encuentra en la Contraloría Social el espacio, la instancia y el mecanismo de participación por excelencia, debido a su propia esencia: “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, mediante el establecimiento de las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad de los ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido, entre el Poder Público y el Poder Popular, de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública y comunitaria, como de las demás actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales” (LOCS, Art. 1 2010).”

Para llevar a cabo este propósito será a través de “la  participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública.” (CRBV, Art. 62) y en la promoción de la participación popular en el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos públicos (LOAP, 2008 Art. 2).

Constituido este marco legal es vital la movilización, la participación y la organización del ciudadano afectado directamente pues será él quien dará aportes significativos en la construcción de las políticas públicas.

Haydée Ochoa (2007) considera que las políticas públicas “para muchos autores (Aguilar,1992, Lahera, 2004), son el resultado de procesos democráticos, lo democrático para estos autores significa incorporación de las comunidades y del sector privado. En oposición a los planteamientos de Aguilar, Lahera y Cabrera, otros autores (Canto, 2000), consideran que las políticas públicas existen más allá de procesos democráticos. En el contexto actual donde la participación ciudadana es más que un derecho es la configuración constitucional del Estado venezolano no se pone en discusión la necesidad de la presencia ciudadana en la elaboración de esta política no solo porque parte de la conciencia y acción política de la ciudadanía sino porque sus aportes desde sus saberes van a constituirse en compromiso y fuerza integradora. Ambos elementos esenciales y estratégicos si se quiere un impacto y alcance en el tiempo histórico y espacio social.

Por tener una Ley Orgánica de la Contraloría Social aprobada en diciembre del 2011 no es suficiente para considerarla una política pública como muchos autores la denominan política formal por hallarse en documentos oficiales, en contraposición a la política real cuando se pueden evaluar los resultados de su implementación, es decir análisis de esos resultados. En palabras de Aguilar (1992) “el curso de acción efectivamente seguido… lo que el gobierno realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, más allá de sus intenciones.

Afirma Lahera (2004), que las leyes no son políticas públicas, estas constituyen información ordenada sobre un objetivo. Adicionalmente expresa que una política pública de calidad debe contener además de las orientaciones, instrumentos, definiciones institucionales y resultados previstos.

Es evidente que no es suficiente la creación de una Ley de Contraloría Social si está no va apoyada de una política pública en la Contraloría Social que permita que la participación de la ciudadanía individual y colectiva sea quién lleve en sus manos la actuación contralora del sector público y privado.

Pero ¿Qué es una política pública (PP)? “es un conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad.” (Gómez, 2006).

En el caso de la Política Pública de Contraloría Social (PPCS) sería el esfuerzo mancomunado de ciudadanos e instituciones que se organizan y estructuran acciones, que buscan consolidar una cultura y actuación contralora que satisfaga las demandas y exigencias de control, seguimiento y evaluación de los productos y servicios de la administración pública y privada, que transforma un Estado sordo, ciego y mudo en un Estado al servicio del pueblo, que modifica los comportamientos de los ciudadanos en función de ejercer los derechos que le da la ley y de cumplir sus deberes conforme a lo estimado institucionalmente, generando valores o actitudes establecidas en la LOCS en la superación de vicios como el burocratismo, la corrupción, la ineficacia e ineficiencia y la impunidad para constituir un círculo virtuoso donde prevalece la moral y ética bolivariana, republicana y revolucionaria. (Peña, 2011)

Para ello debe producirse los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte y direccionalidad de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado en esta materia.

Propone Gómez (2006) que algunos elementos que hay que considerar para la construcción en el diseño, implementación y evaluación de la Política Pública de Contraloría Social (PPCS) son los siguientes, los cuales analizaré desde los resultados obtenidos en la sistematización que encontrará en el enlace: https://contraloriasocialvenezuela.wordpress.com/2011/12/26/hello-world/

a)   Toda política debe generar valor público: que responda a los intereses y exigencias del pueblo y que la gente reciba el beneficio esperado.  Las voces y miradas de 189 hombres y mujeres interesados no solo por el tema en cuestión sino comprometidos con el proceso bolivariano en la búsqueda de resultados revolucionarios resulta un papel de trabajo fundamental para dar inicio a conversatorios y debates que coadyuven en el diseño de la política pública..

b)   Coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Desde los resultados obtenidos en la sistematización y en la validación encontramos la necesidad urgente de la coordinación de los cinco poderes públicos: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral o ciudadano para constituirse en responsables del proceso contralor a nivel nacional conjuntamente con los ciudadanos y comunidades.

c)    Consustancialidad entre las leyes y las políticas públicas. Afrontar la corrupción, el burocratismo y la impunidad sugiere la necesidad de abordar el tema con voluntad política pero también desde la coherencia y complementariedad con otras políticas que permita su integración y sinergia.

d)   Integralidad de las Políticas Públicas. Los fenómenos culturales de la corrupción, burocracia, impunidad, ineficacia e ineficiencia de las instituciones obliga a la multiplicidad de frentes: instituciones (educativas, comunicacionales e informativas, poder moral, etc.), comunidades, familia y ciudadanos.

e)   La política pública es un derecho y deber ciudadano y colectivo que responde a una primera necesidad que determina la garantía de todos los derechos constitucionales que ejerce el poder estadal.  Si las instituciones públicas y privadas no funcionan se debe a la ausencia del poder constituyente en la salvaguarda de sus necesidades, intereses y expectativas.

f)     Corresponsabilidad como principio rector de la política, las estrategias y las acciones.

g)   Importancia de las normas y la verificación de su cumplimiento y/o sanciones por su incumplimiento. La impunidad es uno de las consecuencias que conllevan a cometer de nuevo los delitos de la corrupción, el burocratismo, la ineficacia e ineficiencia y a naturalizarlo en las prácticas cotidianas tanto de los funcionarios públicos y empleados privados.

h)   La política pública debe generar capital social en función de saldos de movilización, participación y organización a nivel individual, comunitario, colectivo e institucional. Instar a la promoción de valores y comportamientos virtuosos y el desarrollo de acciones, programas y planes avocados a enfrentar el problema de la insuficiencia de las prácticas contraloras y a reconocer los saberes populares de contraloria social como fuerza creadora y motivacional.

Los saberes populares de la Contraloria Social que permitieron el análisis anterior apuntan a la necesidad de una Política Pública de CS donde su construcción desde lo participativo permite avizorar acciones futuras en el que se constituya un colectivo intercultural y representativo de la  ciudadanía venezolana desde sus necesidades, intereses y expectativas para que sean ellos mismos quienes evalúen los procesos contralores.

En un esfuerzo por justificar la validez de una política de CS deviene de la propia dinámica dialógica de los participantes que como fuerza creadora del poder constituyente es potencia transformadora en la construcción de instituciones a partir de líneas de acciones a modo que el poder constituido responde a las necesidades, intereses y expectativas del poder constituyente y donde el elemento contralor por parte de los ciudadanos remite a la   implementación, vigilancia y evaluación de modo permanente.

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Un comentario sobre “Propuesta para la construcción de una politica de la Contraloría Social desde los saberes sociopolíticosS

  1. Política Pública de Contraloría Social (PPCS) sería el esfuerzo mancomunado de ciudadanos e instituciones que se organizan y estructuran acciones, que buscan consolidar una cultura y actuación contralora que satisfaga las demandas y exigencias de control, seguimiento y evaluación de los productos y servicios de la administración pública y privada, que transforma un Estado sordo, ciego y mudo en un Estado al servicio del pueblo, que modifica los comportamientos de los ciudadanos en función de ejercer los derechos que le da la ley y de cumplir sus deberes conforme a lo estimado institucionalmente, generando valores o actitudes establecidas en la LOCS en la superación de vicios como el burocratismo, la corrupción, la ineficacia e ineficiencia y la impunidad para constituir un círculo virtuoso donde prevalece la moral y ética bolivariana, republicana y revolucionaria. (Peña, 2011)

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